Las elecciones municipales se convirtieron en reliquia del pasado; se apartó de la administración —y se privó de pasaporte— a los que no pertenecieran al partido fascista; desaparecieron los derechos sociales como el de huelga; se suprimieron los jurados sustituyéndolos por tribunales especiales sin derecho a la apelación ni a los testigos de descargo; y la OVRA (Organizzazione di Vigilanza e Repressione dell´Antifascismo) transformó el país en un estado policial. En pocas semanas, el número de exiliados ascendió a una decena de miles de personas. Para los demás opositores directos —apenas unos centenares— quedaron reservados los presidios de las islas Lipari y Pontinas, o el asesinato clandestino ejecutado por los fascistas. Estos hechos execrables comparados con el terror de masas implantado por Lenin parecieron de escasa relevancia para los contemporáneos de Mussolini.
Ciertamente, en términos cuantitativos y cualitativos, las terribles acciones del fascismo italiano eran, en ese momento, muy inferiores a las de los bolcheviques que estaban envueltos en una guerra provocada por ellos que no se saldaría con menos de trece millones de muertos y dos millones de exiliados. En otras palabras, las acciones represivas de Mussolini casi parecían una simple algarada. Esta simple comparación, cuyos términos son obvios, explica en buena medida que el principio del gobierno fascista fuera aplaudido por buena parte de las potencias políticas sin excluir a la Santa Sede. Pero además, el dirigente fascista no pretendía, al menos en apariencia, alterar el orden sino lograr que éste imperara. A partir de 1926, Italia firmó acuerdo de amistad tras acuerdo de amistad con otros países. Gandhi lo definió como un superhombre con el que no podía compararse, el arzobispo de Canterbury lo denominó “el gigante de Europa” y Churchill confesó que hubiera estado con él desde el principio si hubiera sido italiano. Sin duda, Mussolini se había convertido en el hombre del momento.
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